Por Claudia María Castro Valle
Estamos a tres semanas de las elecciones internas y me interesé en saber que posición estaban adoptando los precandidatos presidenciales sobre los diferentes problemas que enfrenta la nación hondureña. En esta época de lo virtual y lo digital, busqué respuestas en los espacios que consideré indicados: sus propios sitios web. En esta primera entrega hago un pequeño análisis de las posiciones asumidas por Pepe Lobo y Mario Canahuati (ver www.pepelobopresidente.com y www.canahuatipresidente.com ).
Pepe Lobo no ha publicado nada sobre sus propuestas en el sitio antes mencionado. El único documento que pude encontrar en el mismo, donde él se manifiesta de alguna forma al respecto, fue en la copia del discurso por el dado en la Convención Nacional de 2008.
En dicho discurso, el señala algunas cuestiones básicas sobre lo que pretende hacer si asume la presidencia. En primer lugar habla de la emisión de tarjetas de identidad. Obviamente la identificación de la población es una necesidad, pero no es la solución a ningún problema estructural. Digamos que es un proceso que nos acerca más a la civilización, pero no resuelve necesidades básicas.
También hace énfasis en la aplicación de ley contra prácticas comerciales abusivas. Este punto se vuelve interesante si tomamos en cuenta que por estos días entra en vigencia la nueva Ley de Protección al Consumidor, copia casi fiel de la argentina, y que se vuelve una de las más avanzadas de América Latina. El problema de la aplicación de esa Ley no pasa por la voluntad de las autoridades administrativas, que solucionaran mucho si cumplen con su deber básico de vigilancia, sino que por un desarrollo jurisdiccional que simplemente no tenemos en el país en materia de daños y responsabilidad tanto civil como administrativa. ¿De qué nos sirve una ley tan prodigiosa, si nuestros jueces no entienden todavía los conceptos y alcances de los intereses colectivos? Pero está bien… démosle el beneficio de la duda y supongamos que a nivel administrativo, el gobierno cumplirá con su deber de vigilancia. ¿Significa entonces que el gobierno de Lobo se asegurará que los sistemas de pesas y medidas usadas por los comerciantes son las correctas, que la bombas de combustible no se manipulan, que los locales comerciales no tienen prácticas discriminatorias como no permitirle pagar cantidades inferiores a cincuenta lempiras con tarjetas de crédito, que los emisores de tarjetas de crédito dejaran de disfrazar el anatocismo que practican, etc. etc.? Perfecto… ¿pero cómo lo hará? ¿Se creará una policía especializada para tal efecto? ¿Se aumentaran circunstancialmente las multas administrativas de tal forma que los comerciantes abusivos dejen de pagar por abusar, y se sientan realmente infligidos con los castigos pecuniarios? ¿Cómo? Todos sabemos que es lo que hay qué hacer…. Lo que necesitamos de los candidatos es que nos explique cómo ellos creen que debe hacerse.
Me preocupa sí, una oferta que hace Lobo en el discurso de otorgar diez mil lempiras anuales a seiscientas mil familias por medio de programas solidarios. Nuevamente la pregunta: ¿Cómo? Y léase bien, no cuestiono por qué, pues es obvia la necesidad de esas familias, pero sí cómo. ¿De dónde saldrán esos fondos? ¿Los va a negociar con la cooperación extranjera? ¿Aumentará los impuestos? ¿Eficientará la gestión tributaria, y si es así, cómo? ¿Cortará algunas líneas presupuestarias actuales para tener esos fondos disponibles? ¿Cómo?
Obviamente, y ante el favor del Presidente Zelaya con el Alba, uno de los caballitos de batalla de Lobo es la Política Exterior, y propone una, sensata, a favor de emigrantes que envían remesas. ¿Qué significa esto? ¿Va a firmar algún tratado con Guatemala, El Salvador y México para que se proteja a los migrantes hondureños que pasan por esos territorios? ¿Va a crear centros de atención al migrante? ¿Va a destinar recursos del presupuesto de seguridad para que las vías de salida usadas por los migrantes estén vigiladas y pueda garantizarse su integridad física en el camino hacia el sueño americano? ¿O simplemente se refiere a seguir besando el bies del manto de los americanos para que no reduzcan los números del TPS? ¿Qué es sensato? ¿Cómo lo define? Asumo que parte de esa idea se concatena con la afirmación que hace de profesionalizar el servicio consular. ¿Cómo? ¿Se va a respetar la carrera en el servicio exterior? ¿Cómo?
Pepe Lobo habla de un Plan de Nación, frase trillada usada demagógicamente por todos los políticos de turno. ¿Dónde está? No presenta por ningún lado un marco lógico que lo descubra, no nos muestra presupuestos, planes de gestión de recursos, indicadores, actores, nada. Un plan de nación no es un buen deseo, una frase que se emite al viento esperando que se cristalice… una propuesta de un plan de nación debe ser un trabajo de análisis coyuntural que se traduce en propuestas sustentadas.
La carta de presentación desde las elecciones pasadas de Pepe Lobo ha sido la de la inseguridad. En dicho discurso, ofrece la aplicación de la ley ante delitos sangrientos, así como una mayor capacidad de investigación de la policía. Honduras volvió a perder una inmensa oportunidad con la última reforma a la Ley de Policía, para que la investigación quedara adscrita al Ministerio Público. Este sistema incomprensible bajo el cual el MP tiene la acción penal y dirige técnicamente la investigación, pero jerárquicamente no incide sobre la policía de investigación a demostrado ya ser altamente ineficiente. ¿Cómo planea eficientarla Pepe Lobo? Lo dicho antes, todos sabemos que tiene que mejorarse, pero no sea mezquino Señor Lobo, explíquenos cómo.
Sí debo decir, que al menos esta vez, no encontré ninguna referencia a la pena de muerte por parte del precandidato. Eso, debo expresar, si es un verdadero avance en su discurso.
Ahora su más cercano contrincante. Mario Canahuati parece tener más claro el panorama. Aunque solo enuncia algunos temas en su campaña, tales como aminorar la brecha entre la educación pública y privada, sin explicarnos cómo, es muy específico al enfocarse en otros temas, como la descentralización municipal, por ejemplo. Ofrece certificar 100 municipios para el año 2012 de tal forma que puedan doblarse las transferencias del Presupuesto General, para que estos dineros sean directamente ejecutados por los gobiernos municipales eficientemente. Si algo podemos deducir de la propuesta de Canahuati es que apostará a una transformación administrativa del Estado, enfocándose en una planificación basada en la regionalización diferenciada del territorio. Y a través de la aplicación del ordenamiento territorial pretenderá abordar problemas como la producción, la seguridad alimentaria, el problema ambiental, la inversión agrícola, etc. A diferencia del Señor Lobo, el Señor Canahuati, en éste tema sí es muy amplio al explicarnos cómo piensa que se puede hacer.
Otra solución claramente esbozada por Canahuati es la universalización de los sistemas de jubilación y pensión. Lo que no hace es explicarnos cómo se obtendrán esos recursos. ¿Más impuestos? ¿Reducción del aparato burocrático? ¿Privatización del servicio?
Con relación al sistema penitenciario ofrece cambios pequeños que podrían tener un gran impacto, como por ejemplo, bloquear las señales de celular en los centros penales.
Para todos los demás problemas nacionales enuncia soluciones lógicas, que no difieren de lo que se ha venido haciendo por los gobiernos anteriores, sin realmente informar cómo pretende implementarlas, de dónde se obtendrán los recursos, cómo modificara realmente el status quo. En algún lado de su sitio web, el Señor Canahuati afirma que “todo esto lo lograremos partiendo de un proyecto claro, oportuno y concreto (no demagógico, como nos han querido acostumbrar los políticos de oficio), con sentido común…”, pero ¿dónde está el proyecto? ¿Por qué es menos demagógico anunciar el proyecto sin explicarlo?
Mario Canahuati comenzó bien con su teoría del ordenamiento territorial, pero de ahí en adelante el esfuerzo se desvaneció. Haremos, diremos, lograremos dice a lo ancho de su sitio web, pero igual que el Señor Lobo, es bastante egoísta a la hora de explicarnos cómo…
Lo que me hace regresar al título de este breve manuscrito: ¿Por qué es tan difícil para los políticos explicarnos CÓMO resolverán nuestros problemas? Mi respuesta inicial es porque no tienen la menor idea de cómo hacerlo. Cualquiera que sea la propuesta, estaremos frente a mucha improvisación, dependiente de la voluntad política…
lunes, 27 de octubre de 2008
domingo, 5 de octubre de 2008
¿Solucionaremos nuestra crisis actual con el endurecimiento de las penas?
Por Claudia María Castro Valle
«En los asuntos difíciles, de cualquier naturaleza, no se puede sembrar y cosechar todo a la vez; es necesario la debida preparaci6n a fin de que los frutos madurados puedan ser un dia recogidos». Francis Bacon (filósofo y político inglés).
Los hondureños no podemos dejarnos manipular por aquellos políticos de turno y oportunidad que nos ofrecen el endurecimiento de las penas -y hasta la pena de muerte como solución a la crisis humana y social a la que se enfrenta este país.
El Barón de Montesquieu, quien concibió la división tripartita de poderes, nos hacía reflexionar diciéndonos que las penas que no se derivan de la absoluta necesidad son tiránicas. La pregunta que planteo aquí es por tanto la siguiente: ¿Es absolutamente necesario en Honduras hablar de un aumento a la duración (o dureza) de las penas, incluso fantasear con el regreso de la pena de muerte, para lograr una mayor seguridad y estabilidad social?
Siendo nuestra República un Estado soberano y de derecho, la función de crear y modificar las penas ya existentes corresponde al Legislativo, y es precisamente de sus miembros que hemos escuchado mayormente estas atroces posibilidades. Corresponde al Legislativo, porque de los tres poderes en que está dividido constitucionalmente el Estado, es en el que reside la soberanía que es la manifestación concreta del contrato social que hemos suscrito los hondureños como nación. La soberanía no es más que la renuncia que hemos hecho los ciudadanos de una pequeña parte de nuestra libertad individual, depositada en el Estado para que cumpla con su finalidad de lograr el bien común. Si no fuera éste el objetivo de dicha renuncia, no tendría sentido ser sujeto de ningún poder estatal y estaríamos mejor como en tiempos primitivos donde cada hombre luchaba por su bienestar individual sin aceptar imposición alguna.
En ese orden de ideas, convenimos que el Estado debe proteger bienes jurídicos y que los daños causados a estos se denominan delitos, y las lesiones a dichos bienes son daños directos a la sociedad. De ahí que la pena sea la solución lógica que da esa sociedad en pos de un interés común, que es el evitar la comisión de delitos, o que por lo menos estos sean menos frecuentes, para conversar así su integridad. Es decir, la finalidad de la pena no es -ni deberá ser- deshacer un delito ya cometido, por lo tanto no debe ser utilizada manipulando pasiones para inferir castigos crueles e inútiles, fomentar el fanatismo o la represión, y mucho menos por representantes de las instituciones estatales quienes deben buscar moderar dichas pasiones en nombre de la ansiada estabilidad. Las penas deben buscar convencer a los demás ciudadanos de no cometer ilícitos similares a los castigados, y no retribuir a la víctima con el sufrimiento del reo, de lo contrario con lo que quedaríamos es con una suerte de terror institucionalizado patrocinado por el Estado, lo cual contradice a todas luces su objetivo fundamental, que es el bien público. Porque no es la crueldad con la que se impongan las penas el freno de la delincuencia, sino que el convencimiento de que el que delinca recibirá merecido castigo. Dicha certidumbre deriva en el genuino temor de la justicia. Cesare Bonensana, Marqués de Beccaria, adecuadamente afirmaba, en su Tratado de los Delitos y de las Penas, que para que una pena obtenga su efecto, basta que el mal de ella exceda al bien que nace del delito ... y que todo lo demás es superfluo y por lo tanto tiránico.
Pero, ¿cómo puede definir la sociedad a través de su Legislativo la verdadera medida de los daños a los bienes jurídicos protegidos, para poder determinar la dureza de la pena a imponer? En este sentido la doctrina jurídica nos ofrece básicamente dos posiciones que son la teoría retribucionista y la de prevención, pero en resumen ambas concluyen de una forma u otra que el delito se debe medir por el verdadero daño que se hace a la sociedad, como ya desde el siglo dieciocho proclamaba el Marqués de Beccaria. El lograr establecer ese verdadero daño es el que nos ofrece a nosotros como sociedad la verdadera dificultad.
Si utilizamos la fórmula descrita al principio del párrafo anterior, entendemos que aquellos delitos a los que les corresponden las mayores penas son los que reflejan los mayores daños a la sociedad hondureña. De ahí que si analizamos el Código Penal, podemos concluir que al ser el asesinato mediando pago o recompensa, el secuestro y el magnicidio los delitos con las mayores penas (privación de la libertad de por vida incluso), los bienes que más protege nuestra legislación son la vida y la libertad personal. Y si esta suposición es cierta, ¿cómo cabe entonces siquiera la posibilidad de contemplar la pena de muerte? Y así se podría considerar también la prisión perpetua si se quiere ser objetivo en el análisis. ¿No es esta contradicción más que evidente? ¿Cómo puede ser coherente un «establishment» que castigue al asesino dándole muerte de forma alevosa y premeditada, con la única diferencia que representan los formalismos legales que la disculpan?
Librándonos de subjetividades filosóficas y religiosas, debemos decir que se logra combatir mas efectivamente la posibilidad de la comisión de nuevos delitos no con un castigo radical como la muerte, sino con la seguridad que tenga la sociedad de que, por mínima que sea la pena a imponer, a nadie dejara de imponérsele con la prontitud del caso; a menos que se busque con dichas leyes un pretexto para el uso de la fuerza, o queramos demostrarnos a nosotros mismos que no hemos salido de la barbarie, y en realidad estamos más retrasados como país de lo que comúnmente aceptamos.
Como deducimos de la máxima de Bacon al principio de este escrito, no podemos ir a tontas y a locas apagando fuegos y tapando huecos en una problemática tan seria como es la inseguridad ciudadana y la política criminal de nuestro país. El pensar en endurecer las penas y en imponer la pena de muerte es tan absurda como la prohibición de portar armas pesadas, cuando a los únicos a quienes detiene dicha prohibición es a aquellos que no tienen ningún interés en cometer delitos (los delincuentes siguen usándolas). Lo único que se ha logrado con dicha prohibición es que las posibles víctimas, al momento de enfrentarse a los delincuentes, se encuentren en real desventaja y se les dificulte defenderse.
Estas no son leyes que prevengan delitos, son simples manipuleos políticos para convencer a los desprevenidos y agenciarse algunos seguidores, más ahora que la temporada de acervo político está a la vuelta de la esquina. ¿Por qué no buscamos soluciones reales y duraderas como la educación, o castigamos ejemplarmente otros delitos que dañan mayormente a la sociedad como la corrupción y la apropiación indebida de bienes y dineros públicos? Además, no podemos enceguecernos ante la realidad que ya existe en relación a la criminalización de la pobreza, pudiendo prever que sucedería lo mismo con la pena de muerte, siendo los condenados personas que pertenecen a los extractos más excluidos de la sociedad por no poder agenciarse una defensa adecuada, quedando a merced de los defensores públicos.
Alberto Camus (Premio Nobel de Literatura argelino) dijo que “la pena de muerte es el asesinato mas doloso con el que ningún delito planificado puede compararse”. Nuestro país merece un mejor destino.
* Publicado el miércoles 13 de enero de 2005 en el Diario La Tribuna, Honduras.
«En los asuntos difíciles, de cualquier naturaleza, no se puede sembrar y cosechar todo a la vez; es necesario la debida preparaci6n a fin de que los frutos madurados puedan ser un dia recogidos». Francis Bacon (filósofo y político inglés).
Los hondureños no podemos dejarnos manipular por aquellos políticos de turno y oportunidad que nos ofrecen el endurecimiento de las penas -y hasta la pena de muerte como solución a la crisis humana y social a la que se enfrenta este país.
El Barón de Montesquieu, quien concibió la división tripartita de poderes, nos hacía reflexionar diciéndonos que las penas que no se derivan de la absoluta necesidad son tiránicas. La pregunta que planteo aquí es por tanto la siguiente: ¿Es absolutamente necesario en Honduras hablar de un aumento a la duración (o dureza) de las penas, incluso fantasear con el regreso de la pena de muerte, para lograr una mayor seguridad y estabilidad social?
Siendo nuestra República un Estado soberano y de derecho, la función de crear y modificar las penas ya existentes corresponde al Legislativo, y es precisamente de sus miembros que hemos escuchado mayormente estas atroces posibilidades. Corresponde al Legislativo, porque de los tres poderes en que está dividido constitucionalmente el Estado, es en el que reside la soberanía que es la manifestación concreta del contrato social que hemos suscrito los hondureños como nación. La soberanía no es más que la renuncia que hemos hecho los ciudadanos de una pequeña parte de nuestra libertad individual, depositada en el Estado para que cumpla con su finalidad de lograr el bien común. Si no fuera éste el objetivo de dicha renuncia, no tendría sentido ser sujeto de ningún poder estatal y estaríamos mejor como en tiempos primitivos donde cada hombre luchaba por su bienestar individual sin aceptar imposición alguna.
En ese orden de ideas, convenimos que el Estado debe proteger bienes jurídicos y que los daños causados a estos se denominan delitos, y las lesiones a dichos bienes son daños directos a la sociedad. De ahí que la pena sea la solución lógica que da esa sociedad en pos de un interés común, que es el evitar la comisión de delitos, o que por lo menos estos sean menos frecuentes, para conversar así su integridad. Es decir, la finalidad de la pena no es -ni deberá ser- deshacer un delito ya cometido, por lo tanto no debe ser utilizada manipulando pasiones para inferir castigos crueles e inútiles, fomentar el fanatismo o la represión, y mucho menos por representantes de las instituciones estatales quienes deben buscar moderar dichas pasiones en nombre de la ansiada estabilidad. Las penas deben buscar convencer a los demás ciudadanos de no cometer ilícitos similares a los castigados, y no retribuir a la víctima con el sufrimiento del reo, de lo contrario con lo que quedaríamos es con una suerte de terror institucionalizado patrocinado por el Estado, lo cual contradice a todas luces su objetivo fundamental, que es el bien público. Porque no es la crueldad con la que se impongan las penas el freno de la delincuencia, sino que el convencimiento de que el que delinca recibirá merecido castigo. Dicha certidumbre deriva en el genuino temor de la justicia. Cesare Bonensana, Marqués de Beccaria, adecuadamente afirmaba, en su Tratado de los Delitos y de las Penas, que para que una pena obtenga su efecto, basta que el mal de ella exceda al bien que nace del delito ... y que todo lo demás es superfluo y por lo tanto tiránico.
Pero, ¿cómo puede definir la sociedad a través de su Legislativo la verdadera medida de los daños a los bienes jurídicos protegidos, para poder determinar la dureza de la pena a imponer? En este sentido la doctrina jurídica nos ofrece básicamente dos posiciones que son la teoría retribucionista y la de prevención, pero en resumen ambas concluyen de una forma u otra que el delito se debe medir por el verdadero daño que se hace a la sociedad, como ya desde el siglo dieciocho proclamaba el Marqués de Beccaria. El lograr establecer ese verdadero daño es el que nos ofrece a nosotros como sociedad la verdadera dificultad.
Si utilizamos la fórmula descrita al principio del párrafo anterior, entendemos que aquellos delitos a los que les corresponden las mayores penas son los que reflejan los mayores daños a la sociedad hondureña. De ahí que si analizamos el Código Penal, podemos concluir que al ser el asesinato mediando pago o recompensa, el secuestro y el magnicidio los delitos con las mayores penas (privación de la libertad de por vida incluso), los bienes que más protege nuestra legislación son la vida y la libertad personal. Y si esta suposición es cierta, ¿cómo cabe entonces siquiera la posibilidad de contemplar la pena de muerte? Y así se podría considerar también la prisión perpetua si se quiere ser objetivo en el análisis. ¿No es esta contradicción más que evidente? ¿Cómo puede ser coherente un «establishment» que castigue al asesino dándole muerte de forma alevosa y premeditada, con la única diferencia que representan los formalismos legales que la disculpan?
Librándonos de subjetividades filosóficas y religiosas, debemos decir que se logra combatir mas efectivamente la posibilidad de la comisión de nuevos delitos no con un castigo radical como la muerte, sino con la seguridad que tenga la sociedad de que, por mínima que sea la pena a imponer, a nadie dejara de imponérsele con la prontitud del caso; a menos que se busque con dichas leyes un pretexto para el uso de la fuerza, o queramos demostrarnos a nosotros mismos que no hemos salido de la barbarie, y en realidad estamos más retrasados como país de lo que comúnmente aceptamos.
Como deducimos de la máxima de Bacon al principio de este escrito, no podemos ir a tontas y a locas apagando fuegos y tapando huecos en una problemática tan seria como es la inseguridad ciudadana y la política criminal de nuestro país. El pensar en endurecer las penas y en imponer la pena de muerte es tan absurda como la prohibición de portar armas pesadas, cuando a los únicos a quienes detiene dicha prohibición es a aquellos que no tienen ningún interés en cometer delitos (los delincuentes siguen usándolas). Lo único que se ha logrado con dicha prohibición es que las posibles víctimas, al momento de enfrentarse a los delincuentes, se encuentren en real desventaja y se les dificulte defenderse.
Estas no son leyes que prevengan delitos, son simples manipuleos políticos para convencer a los desprevenidos y agenciarse algunos seguidores, más ahora que la temporada de acervo político está a la vuelta de la esquina. ¿Por qué no buscamos soluciones reales y duraderas como la educación, o castigamos ejemplarmente otros delitos que dañan mayormente a la sociedad como la corrupción y la apropiación indebida de bienes y dineros públicos? Además, no podemos enceguecernos ante la realidad que ya existe en relación a la criminalización de la pobreza, pudiendo prever que sucedería lo mismo con la pena de muerte, siendo los condenados personas que pertenecen a los extractos más excluidos de la sociedad por no poder agenciarse una defensa adecuada, quedando a merced de los defensores públicos.
Alberto Camus (Premio Nobel de Literatura argelino) dijo que “la pena de muerte es el asesinato mas doloso con el que ningún delito planificado puede compararse”. Nuestro país merece un mejor destino.
* Publicado el miércoles 13 de enero de 2005 en el Diario La Tribuna, Honduras.
DELITO DE TRAICION A LA PATRIA
Por: Claudia María Castro Valle
El último debate entre los presidenciables Manuel Zelaya y Porfirio Lobo se caracterizó por el mismo intercambio de comentarios ofensivos y falta de propuestas viables y reales. Dentro de todas las necedades expresadas, la que quedó resonando en mi cabeza fue la provocación hecha por Lobo de destituir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia si declaraban inconstitucional el artículo 232 del Código Penal, mejor conocida como la “Ley Antimaras”.
El señor Lobo parece ignorar que estos magistrados están facultados por la Constitución de la República en su artículo 316, donde se deletrean las funciones de la sala de lo constitucional (una de las cuales conforma la Corte en mención). Nos explica que "Las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad de una norma serán de ejecución inmediata y tendrán efectos generales y, par tanto, derogaran la norma inconstitucional, debiendo comunicarse al Congreso Nacional, quien la hará publicar en el diario oficial La Gaceta".
Es preocupante parque el señor Lobo es el representante de uno de los tres poderes del Estado y esta proposición airada dentro de la demagogia electoral es un atentado contra la estabilidad de otro poder. La Constitución nos explica en su artículo 4 que "La forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación. (... )". Esto quiere decir que el gobierno es elegido par el pueblo, que aquellos electos deben actuar en representación de los intereses del pueblo y que la forma de Estado solamente se perfecciona con la existencia de los tres poderes, de los cuales ninguno tiene autoridad sobre el otro, ni admiten intervención de cualquiera de los otros dos. En el siguiente articulo constitucional se nos sigue explicando que el progreso de Honduras está "basado en la estabilidad política y en la conciliación nacional".
El mismo artículo 4, que se refiere a la forma de gobierno y a la división tripartita de poderes, termina diciendo que "La infracción de esta norma constituye delito de traición a la patria". Ese delito implica el quebrantamiento alevoso de la ley atentando contra la seguridad de la patria y del progreso de Honduras. ¿Se merece esto la patria?
*Publicado el viernes 19 de agosto de 2005 en el Diario El Heraldo, Honduras.
El último debate entre los presidenciables Manuel Zelaya y Porfirio Lobo se caracterizó por el mismo intercambio de comentarios ofensivos y falta de propuestas viables y reales. Dentro de todas las necedades expresadas, la que quedó resonando en mi cabeza fue la provocación hecha por Lobo de destituir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia si declaraban inconstitucional el artículo 232 del Código Penal, mejor conocida como la “Ley Antimaras”.
El señor Lobo parece ignorar que estos magistrados están facultados por la Constitución de la República en su artículo 316, donde se deletrean las funciones de la sala de lo constitucional (una de las cuales conforma la Corte en mención). Nos explica que "Las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad de una norma serán de ejecución inmediata y tendrán efectos generales y, par tanto, derogaran la norma inconstitucional, debiendo comunicarse al Congreso Nacional, quien la hará publicar en el diario oficial La Gaceta".
Es preocupante parque el señor Lobo es el representante de uno de los tres poderes del Estado y esta proposición airada dentro de la demagogia electoral es un atentado contra la estabilidad de otro poder. La Constitución nos explica en su artículo 4 que "La forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación. (... )". Esto quiere decir que el gobierno es elegido par el pueblo, que aquellos electos deben actuar en representación de los intereses del pueblo y que la forma de Estado solamente se perfecciona con la existencia de los tres poderes, de los cuales ninguno tiene autoridad sobre el otro, ni admiten intervención de cualquiera de los otros dos. En el siguiente articulo constitucional se nos sigue explicando que el progreso de Honduras está "basado en la estabilidad política y en la conciliación nacional".
El mismo artículo 4, que se refiere a la forma de gobierno y a la división tripartita de poderes, termina diciendo que "La infracción de esta norma constituye delito de traición a la patria". Ese delito implica el quebrantamiento alevoso de la ley atentando contra la seguridad de la patria y del progreso de Honduras. ¿Se merece esto la patria?
*Publicado el viernes 19 de agosto de 2005 en el Diario El Heraldo, Honduras.
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