ZAPATERO A SUS ZAPATOS

La Iglesia (Católica) es una institución trasnacional que tiene más de dos mil años de existencia. Después de tanto tiempo, no es posible desestimar el poder y la influencia que ésta puede ejercer sobre una sociedad, donde la mayoría de la población profesa esta fe. De ahí que, inteligentemente, los gobiernos modernos han aprendido a convivir con ella, aunque estemos en vivamos en un Estado laico y liberal. Desestimar su influencia social y su capacidad histórica es un error político importante, que nuestros políticos han aprendido a no cometer, encontrando en la ella muchas veces a un aliado importante. Eso creo que para todos es claro. El problema realmente lo presentan las Iglesias que se autodenominan “cristianas” (como que si la Católica y las tradicionales evangélicas no lo fueran), pues estás, de factura reciente han ido ganando espacios importantes sin contar con un verdadero sustento dogmático y tradicional. Mucho más, cuando los espacios ganados corresponden a su participación directa en los partidos políticos de derecha.
La Iglesia en estos tiempos, se ha ido desvinculando paulatinamente de sus vínculos oligárquicos y se ha convertido en un verdadero contrapeso que ha servido para mantener en la mesa pública de discusión temas tales como la pobreza, la migración, la violencia (especialmente juvenil), la inversión social, etc., respetando en ese proceso la separación Iglesia-Estado y el principio de no-intervención. Si bien debemos entender que la participación de las diversas congregaciones en el ámbito social implica un posicionamiento político, lo que no debemos permitir es que su función social implique participación alguna en la vida partidaria.
Sin embargo, los pastores de estas nuevas “Iglesias” han querido influir, además de la vida espiritual de sus feligreses, en la política vernácula. Ese nuevo posicionamiento de esas iglesias-sectas es la que se vuelve verdaderamente peligrosa, pues al no poder conciliar con sus contrapartes católicas y evangélicas en el ámbito doctrinario-religioso, e inmiscuirse en la política partidaria pueden causar un fraccionamiento social. Aquellos que no profesamos sus creencias vemos en ellos posiciones inconsecuentes y de intolerancia casi irracional con aspectos cotidianos de la vida, ¿Qué pasaría cuando éstas con esos criterios quieran influir en decisiones eminentemente políticas que afecten la gobernabilidad de este pueblo?
Mi abuela, sabiamente, decía siempre “zapatero a sus zapatos”. Si bien es cierto que nuestra Constitución reconoce la libertad de culto, no es menos cierto que dicha libertad debe limitarse a eso, al ámbito religioso, pudiendo admitirse –tal vez- su inmersión en las cuestiones sociales, si queremos reconocer el ámbito público que adquiere la religiosidad, y no limitarlo a la privacidad del individuo. Vivimos en un Estado de Derecho en el que la convivencia social es definida por normas jurídicas. No podemos permitir que esa juridicidad se rompa. No puede anteponerse el dogma religioso, ni siquiera la Biblia, ante las leyes que nos rigen. No podemos regresar en la historia y admitir que nuestro sistema de gobierno retroceda a una “eclesiocracia”. Con esto no significa que los cristianos deben permanecer ajenos al proceso político, significa que cuando están participando de éste, deben hacerlo en su calidad de ciudadanos y no de miembros de una denominación específica, porque el fin del Estado en el bien común y no la imposición de ideas consideradas apropiadas por una minoría. Vivimos en un Estado democrático. Los que nos administran no son ministros de Dios, son funcionarios gubernamentales. Estos no pueden estar controlados por categorías bíblico-religiosas que los limitan en su neutralidad, objetividad y tolerancia. En su accionar debe imperar la libertad y tener como panacea la voluntad del pueblo que los ha elegido. Por su parte, las congregaciones no deben comprometer su labor catequizadora afiliándose a ningún ideario político partidario. ¿Qué pasa con sus seguidores si pertenecen a un partido distinto? Y viceversa, ¿Qué pasa con los miembros de un partido que profesan otra fe?
Si bien es cierto que la política para que realmente sea un proceso democrático debe ser incluyente, pero no puede mezclarse con la religión, pues sus fines son irreconciliables. La política tiene que ver con lo mundano, con lo temporal; la religión supone lo infinito y espiritual. Su participación en la vida política nacional debe limitarse a resaltar la moral, contribuyendo a un desarrollo de valores en nuestra sociedad. Nada más.